El vecindario zaragozano sigue plantando cara a un impuesto injusto e insolidario
Uno de cada tres hogares se niegan a pagar, firmes en una insumisión sin precedentes en las ciudadades europeas. Pero el Gobierno aragonés sigue sin reformar el impuesto tal como se había comprometido
Mientras el Gobierno deja de recaudar 51 millones de euros con un impuesto directo, el de sucesiones, es incapaz de renunciar a los 15 de un impuesto indirecto que grava un bien de primera necesidad
La RAPA convoca un debate con los partidos que votaron la investidura del Gobierno de Aragón ante el desconocimiento de noticias sobre una fecha prevista para la derogación del ICA
Ayer miércoles la Red Agua Pública de Aragón convocó una rueda de prensa en la FABZ, Federación de Barrios de Zaragoza, centrada en los siguientes puntos:
1.- Cifra de impagados correspondientes al recibo del ICA de 2018.
Se ha recibido constestación por parte del IAA, Instituto Aragonés del Agua, a la pregunta formulada por la RAPA sobre el número de recibos pagados del ICA correspondientes al año 2018.
Así se ha podido saber que:
El número de recibos girados por el IAA fue de 333.161 por un importe de 13.339.842 €
El número de familias que no efectuaron el pago de dicho recibo asciende a 88.685 hogares zaragozanos, con un importe de 3.514.191 € , lo que supondria el 26,6 % de la cifra total de recibos girados por el IAA.
Por tercer año consecutivo se mantiene muy alto el número de familias zaragozanas que se declaran insumisas al pago del recibo del ICA como protesta por este abusivo recibo.
El Periódico de Aragón recoge el dato de que mientras que en el ICA se habían recaudado 69 millones (1 más de los previstos) en sucesiones se habían recaudado 51 millones menos de los previstos. La mayoría de los otros impuestos también habían recaudado menos de lo presupuestado. La reforma de la financiación del PASD suponía 15 millones y se demuestra que era asumible.
2.- Convenidos con municipios del Pirineo, aprobados por el Gobierno de Aragón, para la construcción y explotación de depuradoras de aguas residuales.
El pasado 14 de enero el Gobierno de Aragón aprobó tres nuevos modelos de convenios a suscribir con los municipios aragoneses para la construcción y explotación de depuradoras de aguas residuales.
Dos de ellos, para adaptar el régimen jurídico de los convenios actualmente vigentes a la Ley 40/2015, del régimen jurídico del sector público. Uno de ellos contempla la “colaboración” para la construcción y explotación de las depuradoras por parte del Instituto Aragonés del Agua (IAA) y el otro, solo contempla la explotación de las depuradoras por el IAA, fundamentalmente en las cabeceras de comarca y ciudades principales, cuyas depuradoras ya estaban construidas cuando se aprobó el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración.
El tercer modelo aprobado corresponde al “modelo-tipo de convenio de colaboración a suscribir entre el IAA y los municipios pirenaicos para la construcción de plantas de depuración de aguas residuales y fijación de los términos de la encomienda de gestión para su explotación por el IAA.”
Respecto a este modelo de convenio, desde RAPA queremos poner en conocimiento de toda la ciudadanía aragonesa lo siguiente:
La competencia para la construcción de las depuradoras “de los ríos y núcleos pirenaicos” reside en el Estado y no en los ayuntamientos, de acuerdo con los artículos 46.2, 127 y 130 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, al estar reconocidas de interés general por el Real Decreto Ley 3/1993, de 26 de febrero, de Medidas urgentes sobre materias presupuestarias, financieras y de empleo, así como por el artº 36.5 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.
El Estado, encomendó la construcción de esas depuradoras a la Comunidad Autónoma de Aragón a través del convenio que ambas suscribieron el 8 de abril de 2008. El Estado ha aportado más de 142 millones de euros para acometer esas obras, de manera que no supusiera ningún coste para la ciudadanía aragonesa.
Fue el gobierno aragonés quien en 2008 declaró que la ejecución directa de las obras no se ajustaba al modelo de gestión que había elegido (la concesión de obra pública a empresas privadas) y el Estado aceptó que se construyeran siguiendo ese modelo autonómico y aportó los fondos necesarios para sufragar el gasto que suponían.
Los sucesivos gobiernos autonómicos decidieron gastar los fondos aportados por el Estado en una multitud de obras a lo largo y ancho de Aragón que podrían ser necesarias e interesantes, pero en ningún caso eran de “interés general”. Con ellas se favoreció un sistema clientelar con el que se primaba a los municipios más condescendientes con los objetivos del gobierno, tal y como se aprecia en la gráfica siguiente, que fue elaborada durante la “Comisión de investigación para que estudie, analice y depure las responsabilidades políticas, si las hubiera, sobre la organización, planificación, funcionamiento y gestión del saneamiento y depuración de aguas en Aragón”:
- El fracaso del modelo de construcción y explotación de depuradoras mediante concesión de obra pública, denunciado desde RAPA desde hace más de 8 años, confirmado por la auditoría de la Cámara de Cuentas de Aragón y reconocido por el actual Gobierno de Aragón con sus declaraciones públicas y sus decisiones políticas, provocó que en 2018 se denunciaran y rescindieran definitivamente los cuatro contratos suscritos con empresas privadas para la construcción de las depuradoras de la comarcas pirenaicas.
- Prácticamente vencida la vigencia del convenio de colaboración entre el Estado y la Comunidad Autónoma, tras tres prórrogas sucesivas, las depuradoras del Pirineo están todavía sin construir. Por tanto, el Estado no ha cumplido con su competencia porque la Comunidad Autónoma no ha destinado los fondos aportados al fin prioritario.
Ahora el Gobierno de Aragón pretende justificar ante el Estado su incompetencia y eludir el riesgo de tener que devolver los fondos recibidos, proponiendo un plan de actuación para construir las depuradoras del Pirineo que se prolonga hasta 2026 (18 años después de la firma del convenio de colaboración) que se basa en dos grandes vías: las subvenciones anuales específicas para municipios del Pirineo y la licitación directa desde el IAA de las depuradoras más importantes.
Ante los cambios en el modelo de gestión de la depuración y el incumplimiento flagrante de los plazos concedidos por el Estado, el IAA se ve en la obligación de modificar los convenios que en su día suscribió con los municipios pirenaicos y reconoce expresamente que la construcción de las plantas se financiará mayoritariamente a través de los ingresos procedentes de la recaudación del ICA.
Por tanto, el Gobierno de Aragón pretende que todos los aragoneses paguemos con el ICA la construcción de unas depuradoras para las que el Estado aportó entre 2008 y 2016 más de 142 millones de euros. Si se sufragaron con esos fondos inversiones que debían haberse ejecutado con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, es de justicia que ahora el actual Gobierno de Aragón destine fondos de esos presupuestos generales a la construcción de las depuradoras del Pirineo y no los repercuta a los contribuyentes aragoneses a través del Impuestos de Contaminación de las Aguas. En caso contrario, el Estado debería exigir la devolución de los fondos y asumir también sus responsabilidades al respecto.
Los municipios del Pirineo no deberían suscribir ningún convenio de colaboración con el que admitan que el coste de la construcción de sus depuradoras se financie con cargo a la recaudación del ICA y deberían exigir al Gobierno de Aragón que les resarza de los sobrecostes y sanciones que han venido soportando durante los últimos 18 años por la mala gestión y el mal uso de los fondos públicos recibidos.
Desde RAPA hemos solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una reunión en la que se aclaren todas las circunstancias que concurren alrededor de estos graves hechos.
3.- La RAPA convoca un debate con los partidos que votaron la investidura del Gobierno de Aragón ante el desconocimiento de noticias sobre una fecha prevista para la derogación del ICA.
Desde la RAPA se convoca a los partidos que firmaron la investidura del Gobierno de Aragón a un debate en el que se espera que cada uno de ellos exprese su opinión sobre las negociaciones en curso para la derogación del ICA. Extremo que quedó reflejado en el punto 74 de los acuerdos de gobierno firmados por dichos partidos.
La cita es el próximo día 10 de febrero, en el Centro Joaquin Roncal, a las 19,00 h.
