La CAVA pide al Parlamento europeo que requiera al Gobierno español y al de Aragón la urgente ejecución las necesarias infraestructuras de depuración de aguas residuales
La Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón, CAVA, de la que forma parte la FABZ, se ha dirigido al Parlamento Europeo, en concreto al Comité Parlamentario de Peticiones, para que requiera con carácter de urgencia al Gobierno español y al de la Comunidad Autónoma de Aragón “la pronta ejecución de las necesarias infraestructuras de depuración de aguas residuales, máxime cuando los ciudadanos y ciudadanas de todo el territorio de Aragón, vía diversas figuras impositivas pagan anualmente las correspondientes cantidades para tal fin”.
La CAVA justifica su demanda por la situación de “clara vulneración de las Directivas europeas en materia de aguas”, y porque la falta de depuración está provocando daños ambientales e incluso episodios de enfermedades en personas por contaminación de bacterias (E‐coli) en turistas y practicantes de deportes acuáticos en las cabeceras de ríos pirenaicos”. Esta situación está provocando reiteradas sanciones administrativas que tienen que abonar los ayuntamientos que carecen de dichas infraestructuras, pese a que tenían que estar ejecutadas por el Gobierno de Aragón y en servicio hace ya al menos 4 años.
En este sentido, la CAVA señala en su argumentación los diferentes convenios y la legislación vigente que han sido y siguen siendo incumplidos, en particular desde el Convenio de Colaboración‐Protocolo General entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma de Aragón, de fecha 2 de octubre de 2007, para la cooperación, coordinación y colaboración en actividades en materia de medio ambiente, entre las cuales están las obras de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas a desarrollar en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Este Convenio ha prescrito hace más de 1 año (tras el otorgamiento de sucesivas e injustificadas prórrogas), sin que las obras previstas y las depuradoras se hayan ejecutado por el Gobierno de Aragón, pese a que el Gobierno de España lo dotara con la cantidad de 169 millones de euros, cantidad en su mayor parte abonada a la Comunidad Autónoma de Aragón, la cual asimismo recibe la recaudación íntegra del Impuesto de Contaminación de las Aguas de Aragón (ICA), impuesto recaudado y efectivamente abonado desde 2016 por todos los municipios del Pirineo aragonés y del resto territorio de la Comunidad Autónoma, sin contar los núcleos pirenaicos con las correspondientes infraestructuras de depuración de aguas residuales, soportando asimismo el pago de reiteradas sanciones y multas del Organismo de Cuenca (Confederación Hidrográfica del Ebro) por la falta de tratamiento adecuado de sus vertidos de aguas residuales.
La CAVA estima, en suma, “muy grave la situación descrita en orden al cumplimiento de las obligaciones de las Directivas europeas de aplicación”, motivo por el cual formula la Petición al Parlamento europeo como entidad supravecinal de Aragón “velando por el interés general de los habitantes de dicho territorio, incluyendo la calidad integral de las aguas, y en especial de las zonas sensibles medioambientalmente”.
