Concentración de CAVARAGÓN contra la subida de tarifas de la luz
Artículo publicado en EL PERIÓDICO DE ARAGÓN el pasado domingo 8 de diciembre, denunciando la situación del sector eléctrico español, la continua subida de tarifas y reclamando recuperar la consideración de servicio público del sistema para erradicar la pobreza energética
Félix Moreno Martínez, Secretario de la Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón (CAVARAGON)
La normativa española que regula el suministro eléctrico (Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre) exige a las distribuidoras de energía eléctrica que cumplan unos determinados niveles de calidad: de producto, de atención al consumidor, de suministro individual y de suministro zonal.
Lo cierto es que en determinadas pueblos o zonas se producen, en ciertos momentos, continuos cortes de suministro eléctrico que además de producir la lógica incomodidad en hogares y empresas, provoca daños en aparatos electrónicos que requieren para su funcionamiento suministro eléctrico.
Cuando estos cortes de suministro superan un determinado nivel de tiempo y de número de cortes, la administración competente en la materia, en nuestro caso el Gobierno de Aragón, a instancia de los afectados, puede tramitar un expediente de determinación de deficiencias de la calidad del servicio.
El problema está en que el consumidor está totalmente en manos de las empresas distribuidoras, en la tramitación de estos expedientes, ya que son éstas las que informan de los datos de los cortes de suministro y los que acaban decidiendo sobre la existencia o no de incumplimiento en la calidad del suministro eléctrico.
Con ello las penalizaciones establecidas en la normativa referida, a modo de reducciones en la facturación por el consumo anual así como en la necesidad de que las empresas distribuidoras elaboren planes de mejora en la calidad del suministro, queda en la práctica sin posibilidad alguna de aplicación.
Provoca enorme frustración en los consumidores que la propia Administración no tenga resortes jurídicos para velar por el cumplimiento de la mínima calidad en el suministro eléctrico. Pero esta situación es la consecuencia de que tras la liberalización del sector eléctrico en 1997 el servicio eléctrico dejó de ser un servicio público para pasar a ser un servicio de interés económico general. Pero, como estamos planteando, esta nueva consideración no otorga la suficiente garantía para la protección de los derechos de los consumidores y empresas, que reclaman una mínima calidad en el suministro eléctrico que no afecte a su actividad y que no dañe los equipamientos domésticos.
A todo esto hemos de añadir que en los últimos 10 años (2008-2018) España es el país de la Unión Europea en el que más ha subido el precio de la luz, un 66,8% frente al 28,2% de la media de los países europeos. Y además con un sistema de determinación del precio que siempre ha sido denunciado como poco transparente y sometido a las únicas determinaciones de las grandes compañías eléctricas. Fijación del precio en subasta diaria en el que se acaba imponiendo como precio del kilovatio el precio de la producción más cara, generalmente el que corresponde a las centrales de carbón.
Los españoles pagamos de media 24,3 céntimos de euro por kilovatio hora consumido, lo que supone un 16,8% más que la media de la Unión Europea. Nadie puede explicar que en España en 2018 el precio de la luz haya subido un 8,7% frente a un 1,9% de la media de la Unión Europea.
Estos precios están provocando que un 40% de la población en España sufra pobreza energética y que unas 7.000 muertes prematuras al año tengan su origen en ella. Según el Informe de Pobreza Energética en España 2018 un total de 6,8 millones de personas, es decir un 15% de la población, sufren temperaturas inadecuadas en la vivienda o retraso en el pago del recibo, o ambos.
Cabria exigir, por tanto, que se debería recuperar la consideración de servicio público del sistema eléctrico y así poder erradicar la pobreza energética, hacer transparente la fijación del precio, facilitar la competitividad de la economía y sobre todo garantizar los derechos de los consumidores en la exigencia de un nivel adecuado de calidad en el suministro.
